El arresto de Nicolás Maduro y el dilema entre el fin y los medios
El arresto de Nicolás Maduro, ocurrido el 3 de enero de 2026, generó una fuerte conmoción a nivel internacional. Para miles de venezolanos, dentro y fuera del país, el hecho fue vivido como el posible cierre de una etapa marcada por una profunda crisis política, económica y social.
Ese alivio es comprensible. Es humano.
Sin embargo, junto a la euforia aparece una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿a qué costo se alcanzó este resultado?
1. El alivio de un pueblo frente a una acción unilateral
Es innegable que una parte significativa de la sociedad venezolana percibe la detención de Maduro como una oportunidad para recuperar la institucionalidad democrática y dejar atrás años de deterioro. Reconocer ese sentimiento no implica, necesariamente, validar el camino elegido para llegar a este desenlace.
La administración de Estados Unidos justificó públicamente la operación bajo acusaciones de narcotráfico y narcoterrorismo. Según su argumento, Maduro no actuaba como un jefe de Estado legítimo, sino como un criminal de alta peligrosidad.
No obstante, la acción se llevó adelante sin una autorización explícita del Consejo de Seguridad de la ONU ni un consenso multilateral amplio. Estos elementos son centrales dentro del sistema de derecho internacional vigente.
Este punto no es menor. El orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial se construyó precisamente para evitar que una sola potencia decida, por sí misma, cuándo y cómo intervenir en otro país.
2. Una intervención armada presentada como “justicia”
Más allá de la terminología utilizada —“operación quirúrgica”, “captura de un fugitivo” o “acción puntual”—, desde el punto de vista jurídico y político se trató de una intervención armada extranjera en territorio soberano.
Incluso si el objetivo fue limitado y no derivó en una ocupación prolongada, el principio vulnerado sigue siendo el mismo.
Aceptar que un Estado pueda ingresar por la fuerza a otro país para detener a su gobernante, basándose únicamente en su propio criterio, establece un precedente extremadamente delicado.
Si hoy se considera legítimo bajo determinadas circunstancias, surge una pregunta clave:
¿qué impide que mañana otras potencias adopten la misma lógica para intervenir en países vecinos, rivales o incluso aliados, alegando razones de seguridad, terrorismo o criminalidad?
Este tipo de acciones refuerza una lógica donde la fuerza militar se impone sobre los mecanismos colectivos. Además, debilita organismos como la ONU o la OEA y erosiona la idea de un orden internacional basado en reglas compartidas.
3. El dilema moral y político: ¿el fin justifica los medios?
Uno de los principios fundamentales de la ética política y del derecho internacional es que los medios condicionan el resultado. Si el objetivo declarado es restaurar el Estado de Derecho en Venezuela, hacerlo mediante una violación de ese mismo marco legal resulta, como mínimo, contradictorio.
Diversos gobiernos y cancillerías expresaron preocupación por este precedente. No lo hicieron en defensa de Nicolás Maduro como figura política, sino en defensa del principio de soberanía y del multilateralismo como base de la convivencia internacional.
Una salida con mayor legitimidad habría sido aquella canalizada a través de un organismo multilateral. En ese escenario, la responsabilidad y el control no recaen en una sola nación, sino en una decisión colectiva.
Lo Que Queda
Celebrar la posibilidad de un cambio político en Venezuela es legítimo.
Analizar críticamente el método utilizado para alcanzarlo también lo es.
Ambas cosas no solo pueden coexistir, sino que deben hacerlo en sociedades democráticas.
El arresto de Maduro es un hecho consumado. El impacto sobre el sistema internacional, en cambio, recién comienza a evaluarse. Normalizar una justicia impuesta por la fuerza de un solo país puede ofrecer resultados inmediatos, pero rara vez construye estabilidad duradera.
Si el mundo aspira a un orden más previsible y menos violento, recordar que el fin no justifica los medios no es ingenuidad.
Es responsabilidad política.
